image_pdfimage_print

ISSN sección Dossier 2618-415x

Dossier | La judicialización de los conflictos políticos. Hispanoamérica, siglo XIX


 Irina Polastrelli (IECH/UNR-CONICET)

 

La judicialización de los conflictos políticos es, sin dudas, un fenómeno de suma actualidad, particularmente notorio en países caracterizados por la inestabilidad y la fragilidad de sus sistemas políticos. Pero no es nuevo, ya que la justicia ha sido considerada de manera recurrente como un espacio válido donde dirimir las disputas políticas en diversas épocas y geografías. Un espacio que, además, se fue modulando en diferentes formatos y en prácticas muy variadas.[1] Este dossier reúne un conjunto de investigaciones sobre casos hispanoamericanos que, con diversos intereses y enfoques, aportan elementos para reflexionar sobre el papel de los juicios y de los tribunales en la gestión de la conflictividad política, y, en definitiva, para pensar el intrincado vínculo entre política y justicia durante el siglo XIX.

Los trabajos que aquí se presentan no hubieran sido posibles sin la vigorosa renovación que experimentaron la historia política, la historia de la justicia y la historia crítica del derecho en los últimos años. La confluencia de estos campos ha redundado en profusas contribuciones sobre diversas aristas de la política decimonónica, como la construcción y el funcionamiento de los poderes, la circulación de discursos jurídicos y la adopción estratégica de prácticas judiciales disponibles, el ejercicio de la violencia por parte de las autoridades y el tratamiento dispensado a opositores y enemigos. Estos son algunos de los temas abordados por los autores a partir del estudio de fuentes judiciales –en su sentido más amplio–, pero también de debates legislativos, prensa, bandos, disposiciones y decretos, entre otros.

El dossier comienza con un artículo en el que Marta Irurozqui Victoriano argumenta que la represión militar y judicial sufrida por las juntas de la Paz y La Plata durante la crisis de la monarquía española evidenció una disputa doble. Por un lado, un cuestionamiento de virreyes e intendentes por parte de otros cuerpos como la Audiencia y el Cabildo y, al mismo tiempo, una lucha de influencias jurisdiccionales entre Buenos Aires y Lima por el control de Charcas. A juicio de la historiadora la condena de la iniciativa platense, a pesar de ser menos sangrienta que la aplicada a su par paceña, fue más grave puesto que impidió que la Audiencia –que gozaba de autoridad por delegación real– concentrara la reasunción de la soberanía y con ello, provocó su dispersión a través de los cabildos.

Los siguientes cinco trabajos se concentran en la década de 1810 y muestran que la apelación a prácticas judiciales para neutralizar a los adversarios políticos fue una estrategia compartida por movimientos revolucionarios y reaccionarios. Véronique Hébrard analiza la aplicación de una justicia de excepción y sus efectos durante la política de Pacificación llevada adelante por Domingo de Monteverde en Venezuela. Para la autora, entre 1812 y 1814 el funcionamiento del aparato judicial –y su omnipresencia a través de la “invitación” a la denuncia– intensificó la militarización y la polarización que desde los meses previos estremecía a la sociedad y exacerbó las tensiones institucionales producto de la promulgación de leyes marciales y proclamas desde los inicios del proceso de independencia.

Ivana Frasquet indaga, por su parte, en los procesos judiciales sustanciados en 1814 y 1815 contra los diputados liberales que integraron las Cortes de Cádiz, para enfocarse en la elaboración de sus alegatos. En un contexto de crisis del constitucionalismo hispano y de represión fernandina, Frasquet revela que los imputados hicieron frente a las acusaciones (entre ellas, atentar contra la soberanía del monarca para establecer un “gobierno democrático”) combinando sofisticadamente las Leyes Fundamentales del reino y la Constitución gaditana en una justificación teórica que fue utilizada como estrategia de defensa conjunta.

En la misma coyuntura, pero al otro lado del Atlántico, Marcela Ternavasio explora el juicio al que fueron sometidos los alvearistas en Buenos Aires, acusados de cometer el “delito de facción”. El proceso llevado adelante por la Comisión Civil de Justicia en 1815 (que no puede catalogarse como un juicio de residencia pero tampoco como un moderno juicio político) exhibe la perspectiva aún inestable y fragmentada que los actores tenían en torno a las opciones que abría la noción de división de poderes, ya que Ternavasio ubica tres grandes cuestiones discutidas durante el juicio: el funcionamiento del poder constituyente y legislativo, el accionar del poder ejecutivo y los vínculos entre ambos poderes.

A continuación, Beatriz Bragoni se ocupa del plan conspirativo de los hermanos Juan José y Luis Carrera contra los gobiernos de San Martín en Mendoza y de O’Higgins en Chile y del proceso judicial sustanciado en 1818. El conflictivo contexto político previo al triunfo de Maipú habilitó a la autoridad competente para elaborar argumentos políticos y jurídicos en pos de acelerar el juicio. Pero también, a esgrimirlo como elemento de prueba para refrendar la condena moral que pendía sobre los acusados en una sentencia judicial (afirmada en el republicanismo clásico y en el derecho canónico) que los condujo a la muerte.

Irina Polastrelli revisa las estrategias de los gobiernos revolucionarios en Buenos Aires durante la década de 1810 para reprimir conspiraciones, asonadas y motines: el nombramiento de jueces comisionados, el otorgamiento de facultades extraordinarias, el establecimiento de tribunales de seguridad pública, la suspensión de garantías individuales, la aplicación de condenas sumarias y el solapamiento de justicia ordinaria y justicia militar. A través de dicho repaso se observa que la impartición de castigos fue moderada y que los juicios a disidentes políticos permitieron no solo legitimar las condenas sino también instituir pautas y valores para el ejercicio del poder político.

Los últimos tres estudios avanzan en la segunda mitad del siglo XIX. Alejandro Eujanian examina en un registro novedoso los dilemas de someter a juicio a los responsables de un régimen político caído y denostado, como fue el caso del rosismo. Los debates legislativos producidos con motivo de la confiscación de los bienes y del procesamiento del otrora gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, exponen las interpretaciones enfrentadas sobre el pasado reciente y las alternativas barajadas en la transacción política entre las elites dirigentes porteñas.

Erika Pani se sumerge en los años que transcurrieron entre la dictadura santanista y la caída del Imperio en México y presenta las disposiciones proclamadas por los gobiernos antagonistas para impugnar la legitimidad del accionar de sus adversarios. La severidad de dichas disposiciones –destinadas a limitar la libertad de expresión y movimiento, controlar el acceso a la administración de justicia e imponer la fidelidad política– fue fluctuando en función de los avatares de la guerra más que en la postura ideológica de las autoridades que las decretaba. Para Pani, la legislación tuvo resultados exiguos ya que, al aplicarse de manera arbitraria y según criterios políticos, no logró prevenir la subversión ni eludir la guerra.

La selección se cierra con un artículo de Eduardo Zimmermann sobre los fallos de la justicia federal en el juzgamiento de las rebeliones provinciales de 1867 y 1868. Durante esos incidentes, la justicia federal tuvo cierta independencia de actuación frente a los poderes políticos y ello se reflejó en dos dimensiones: en la defensa de los derechos individuales de civiles y en la instauración de un “espíritu de moderación” política, a través de la protección judicial de los revolucionarios y la atenuación de sus sanciones y castigos. El autor concluye que la Corte Suprema y los jueces federales instituyeron un mecanismo judicial de intervención en las disputas políticas y favorecieron además una peculiar forma de entender la participación en el sistema político.

Los trabajos sucintamente reseñados muestran cómo los actores apelaron al repertorio disponible de instituciones judiciales y discursos jurídicos –de viejo y nuevo cuño– con el objetivo de legitimar ciertos cursos de acción. Asimismo, descubren que la acción de la justicia no es autónoma respecto del contexto político, sino que las decisiones responden, entre otras variables, a las concepciones normativas y a las motivaciones de los involucrados. Y, por último, enseñan que los juicios también forjan contextos.

 

Textos seleccionados para el dossier:

Irurozqui Victoriano, Marta (2011). Soberanía y castigo en Charcas. La represión militar y judicial de las juntas de La Plata y La Paz, 1808-1810. Revista complutense de historia de América, 37, pp. 49-72.

Hébrard, Véronique (2016). Justicia “excepcional” y lógicas de radicalización durante la primera pacificación de Venezuela (1812-1814). Revista de Indias, 76 (266), pp. 17-49. Recuperado de: http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/1008/1081

Frasquet, Ivana (2018). En defensa de la Constitución. Persecución y juicio a los diputados de las Cortes en tiempos contrarrevolucionarios. 1814-1815. En Ivana Frasquet y Encarna García Monerris, Tiempo de política, tiempo de Constitución. La monarquía hispánica entre la revolución y la reacción (1780-1840) (pp. 213-238). Granada: Comares.

Ternavasio, Marcela (2007). Juzgar a quienes legislan y ejecutan. En Marcela Ternavasio, Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816  (pp. 179-217). Buenos Aires: Siglo XXI.

Bragoni, Beatriz (2012). El camino de la conspiración y el peso de la justicia revolucionaria. En Beatriz Bragoni, José Miguel Carrera. Un revolucionario chileno en el Río de la Plata (pp. 159-206). Buenos Aires: Edhasa.

Polastrelli, Irina (2019). La revolución en alerta. En Irina Polastrelli, Castigar la disidencia. Juicios y condenas en la elite dirigente rioplatense, 1806/08-1820 (pp. 143-165). Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.

Eujanian,  Alejandro (2015). El juicio a Juan Manuel de Rosas y sus contextos. En Alejandro Eujanian, El pasado en el péndulo de la política. Rosas, la provincia y la nación en el debate político de Buenos Aires (pp. 155-178). Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.

Pani, Erika (2012). Los “castigos nacionales”: justicia y política en tiempos de guerra. En Patricia Galeana, El imperio napoleónico y la monarquía en México (pp. 565-587). México: Siglo XXI.

Zimmermann, Eduardo (2010). En tiempos de rebelión. La justicia federal frente a los levantamientos provinciales 1860-1880. En Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez, Un nuevo orden político. Provincias y Estado nacional, 1852-1880 (pp. 245-273).Buenos Aires: Biblios, 2010.

 

Palabras clave: judicialización – conflictividad política – Hispanoamérica – siglo XIX –

 

[1] Rosanvallon, Pierre (2007). La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires: Manantial.